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La Ley por el Derecho a la Vivienda se enfoca en el desarrollo del derecho a una vivienda digna, de acuerdo con la Constitución. Su propósito es brindar asistencia a los grupos con mayores obstáculos para acceder a la vivienda, a través de medidas como la limitación de los precios de alquiler y el fomento de viviendas públicas.
Proceso Legislativo y Marco de Implementación
El proceso legislativo de esta ley comenzó con su aprobación en el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022. Posteriormente, fue respaldada por el Congreso el 27 de abril de 2023, y finalmente, por el Senado el 17 de mayo del mismo año. El 25 de mayo, la ley se publicó en el BOE bajo el nombre de Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Esta medida se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Medidas para Aumentar la Oferta de Viviendas Asequibles
La ley abarca diversas medidas para incrementar la oferta de viviendas a precios asequibles, incluyendo la limitación de los precios de alquiler, el impulso de viviendas públicas, la regulación de parques públicos de vivienda, la calificación indefinida de viviendas protegidas y el aumento en los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida.
Control del Mercado de Alquiler y Acceso para Grupos Vulnerables
La ley también busca el control del mercado de alquiler y el acceso de grupos vulnerables a la vivienda. Esto se logra a través de beneficios fiscales y urbanísticos para alquileres reducidos, declaraciones de zonas de mercado residencial tensionado, incrementos anuales máximos en los alquileres y la introducción de un nuevo índice de referencia para la actualización anual.
Medidas en Zonas Declaradas Tensionadas
En áreas declaradas como tensionadas, la ley contempla prórrogas anuales para arrendatarios al finalizar contratos, límites de alquiler en nuevos contratos, la aplicación de límites a viviendas no alquiladas en los últimos 5 años y la posibilidad de establecer índices de precios de referencia por áreas territoriales.
Fortalecimiento de Relaciones entre Arrendadores y Arrendatarios
La ley también aborda el fortalecimiento de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, permitiendo prórrogas extraordinarias en contratos por situaciones de vulnerabilidad y estableciendo que los gastos de gestión inmobiliaria sean responsabilidad del arrendador.
Protección Contra Desahucios
Para prevenir desahucios, la ley mejora la comunicación entre el órgano judicial y los servicios sociales, proporciona soluciones habitacionales y amplía los plazos de suspensión. También se establece un procedimiento de conciliación para "grandes tenedores" en casos de demandas de desahucio que afecten a personas vulnerables.
Definiciones de "Gran Propietario" y "Vivienda Vacía"
La ley redefine conceptos clave, considerando "gran tenedor" a propietarios con 5 o más inmuebles en zonas tensionadas, y definiendo "vivienda vacía" para permitir recargos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Además, se modula el recargo del IBI, que puede llegar hasta el 150%.
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